Un hotel de cinco estrellas en Chad, material para el control migratorio en Ghana o instalaciones de suministro de agua potable que, por problemas de corrupción, nunca entraron en funcionamiento en El Salvador, han sido financiados con créditos FAD. Es decir: provienen de fondos de los contribuyentes españoles y contabilizados como Ayuda Oficial al Desarrollo. Todos ellos han generado, además, deudas ilegítimas que estos países siguen pagando. Y todos ellos se podrían repetir en caso de seguir adelante el Gobierno con sus planes.*1

La reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) que el Gobierno ha defendido en el Parlamento español llevará a aumentar el porcentaje de créditos incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esto aumentará la deuda externa de los países más empobrecidos, vulnerando los convenios internacionales sobre financiación responsable. Con esta reforma del FAD resulta imposible asegurarse de que recursos públicos de la cooperación española no sean destinados a proyectos o empresas vinculados con la violación de derechos humanos, corrupción o impactos ambientales. 

Durante esta semana diferentes ONG y movimientos sociales han transmitido sus demandas sobre dicho proyecto a los diferentes grupos parlamentarios, en el Consejo de Cooperación y mediante comparecencia en la Comisión de Cooperación del Congreso del pasado 15 de febrero. Muchas de las inquietudes expresadas han sido respaldadas tanto en el Dictamen del Consejo de Cooperación emitido el pasado 26 de enero, como por las enmiendas presentadas en el Congreso desde los distintos Grupos Parlamentarios. Lamentablemente muchas de estás enmiendas no fueron recogidas en el texto que ha sido enviado al Senado.

Se considera que de mantenerse el actual Proyecto de Ley, supondría un grave retroceso en las obligaciones de nuestro país con relación a los compromisos internacionales de derechos humanos, la generación de deuda externa y la lucha contra la pobreza. Aspectos que están en la raíz misma del mandato de la Ley 38/2006 Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa y contemplados en el Pacto de Estado Contra la Pobreza, aprobado por todos los partidos políticos el 19 de diciembre de 2007.

Nos encontramos ante el último trámite para la aprobación de esta ley que permitirá que la internacionalización de la empresa se compute como AOD. A partir de esta semana se discutirá en el Senado la reforma del Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM), uno de los dos instrumentos en los que podran contabilizar como AOD.

Por tanto, se reitera la urgencia de realizar al menos las siguientes modificaciones al texto:

1. La Ley debe contemplar que en ningún caso el Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) pueda computar como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ya que el objeto único del FIEM es el fomento de la internacionalización de la economía española y no la lucha contra la pobreza sino, objeto del proyecto  de ley FONPRDODE, actualmente en trámite.

2. La Ley debe excluir como países receptores de crédito a los Países HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados) a los PMAs (Países Menos Adelantados) y a los países con un  IDH (Índice de Desarrollo Humano) bajo. Estos créditos incrementarían su deuda externa y por tanto las posibilidades de invertir en su desarrollo.

3. La Ley debe contemplar  el establecimiento de mecanismos públicos de control, seguimiento y evaluación independiente ex ante y ex post de cada uno de los proyectos, que garanticen la regulación de obligado cumplimiento en materia de  transparencia, participación y rendición de cuentas siguiendo el ejemplo de otros países europeos. Se deberá indicar en el texto de la ley el plazo máximo para el desarrollo de la reglamentación correspondiente.

4. La Ley debe impedir otorgar créditos o seguros a operaciones que no salvaguarden los Derechos Humanos, excluyendo operaciones que financien material de doble uso y/o policial, servicios sociales básicos, proyectos que vulneren el derecho a la alimentación y a la tierra y que comporten graves impactos ambientales.

5. La Ley debe contemplar la posibilidad de llevar a cabo auditorías de los fallidos de los proyectos asegurados por CESCE, ya que en numerosos casos las deudas comerciales adquiridas por terceros países incumplen los requisitos de legitimidad del punto de vista social, ambiental, comercial y/o político